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Crecen los embargos hipotecarios por impagos con la crisis
La crisis económica ha dejado en la calle a más de 32.000 familias valencianas en los últimos tres años. El paro que en la Comunitat ya afecta a más de medio millón de personas, ha cortado en seco los ingresos de muchos trabajadores, ahora parados y que en muchos casos ya no cobran ningún subsidio por desempleo. Dada su situación económica no han podido afrontar los pagos de la hipoteca de su vivienda.
La consecuencia directa del impago, generalmente cuando se acumulan seis meses de incumplimiento del contrato bancario, es la presentación de una denuncia judicial por parte de la entidad prestataria del dinero. Dependiendo de los casos, la resolución, es decir, el embargo de la vivienda, tarda entre ocho meses y año y medio.

Hay una correlación directa entre el desempleo y los embargos de viviendas. Las cifras las aporta la publicación especializada 'Pública subasta', que concluye en un informe que las provincias con más desempleados tienen mayor proporción de inmuebles subastados. Destacan, tras varias provincias andaluzas, Valencia y Alicante.

Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el año pasado se registraron 16.290 ejecuciones hipotecarias en la Comunitat Valenciana, lo que supone que cada día 45 familias se quedaron sin casa. Eso significa que desde que arrancó la crisis, a mediados de 2007, se ha triplicado el volumen de embargos en la Comunitat. Entonces fueron alrededor de 5.000 los expedientes registrados por el máximo órgano judicial.

Por volumen de embargos, la Comunitat ocupa el tercer puesto nacional, tras Cataluña y Andalucía. Estas tres autonomías apenas se diferencian en unos dos mil expedientes, destacándose muy por encima del resto de regiones. Dos años antes, en 2007, la Comunitat lideraba el ranking, muestra de que fue la primera región en notar los efectos de la crisis, sobre todo por su impacto en la construcción.
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