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Zapatero, denunciado por malversación de caudales públicos durante su Gobierno entre 2004-2011
La denuncia criminal ha sido registrada ante el Fiscal General del Estado conforme al Art. 433 del Código Penal español por el ciudadano Rómulo-Antonio Tenés, quien ha denunciado a José Luís Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno Español, luego de haber sido acusada por probado delito de malversación María Antonia Múnar, integrante del gobierno de las Islas Baleares.

romulo.jpg Rómulo-Antonio Tenés, ciudadano español, conforme al Artículo primero de la Ley 50/1981 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, comparece e interpone ante el Fiscal General del Estado Español mediante presentación en el Registro General de la Fiscalía, con número 001 Nº 201 200018021 de fecha 24/07/12, denuncia criminal contra D. José Luís Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno durante el periodo 2004 - 2011, miembro del Consejo de Estado, y en base a los siguientes Hechos Documentados:

El denunciante, Rómulo-Antonio Tenés señala en su denuncia lo siguiente:

“PRIMERO: D. José Luís Rodríguez Zapatero, en 2004, año en el que alcanza la Presidencia del Gobierno, recibe un erario público español saneado y con superávit presupuestario, cual consta en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados.

SEGUNDO: Generada arbitrariamente una deuda equivalente al 6% de déficit presupuestario en siete años y, conforme a sus prerrogativas, D. José Luís Rodríguez Zapatero convoca el 29 de julio de 2011 Elecciones Generales para el 20 de Noviembre del mismo año.

TERCERO: Déficit anterior del 6% que es aumentado al 8% en sólo cuatro meses, cual consta en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, en flagrante atentado contra el Interés General. Probada y documentada malversación de caudales públicos propiciadores de la quiebra de España”.

Además, el denunciante presenta como Fundamentos de Derecho las siguientes alegaciones: “El presunto delito de D. José Luís Rodríguez Zapatero queda contemplado en el Art. 433 del Código Penal: La autoridad o funcionario que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años”. Prosigue en su denuncia, solicitando del fiscal una diligente actuación de oficio “conforme a la Ley 50/1981 de su razón, contra el denunciado y toda persona concertada con él detectada durante la preceptiva investigación e instrucción de la causa. Por ser imperativo legal”.

Más información
Rómulo-Antonio Tenés
Teléfono: +34 659 446 837
romulo-antonio@hotmail.com
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